El problema de la vivienda en España
En este artículo trataremos el problema de la vivienda, que afecta a muchas personas y que cada año se complica un poco más. Veremos cuáles son sus verdaderas causas, con los datos y las fuentes a la vista, y qué soluciones tiene.
La disminución de la oferta
En un mercado en el que tanta gente busca vivienda, lo lógico sería que sobrara interés por construir, es decir, por aumentar la oferta: hay compradores e inquilinos de sobra para cada casa nueva. Y sin embargo no ocurre. Veamos por qué.
Para que una vivienda nueva llegue al mercado tiene que recorrer cuatro pasos. En cada uno de ellos hay un freno, y los cuatro los ponen las reglas.
- Suelo: escaso y lento de preparar
- Licencia: más de un año de espera
- Precio: topado por ley
- Riesgo: impago y okupación
Menos viviendas llegan al mercado
El suelo
El freno Hay poco suelo listo para construir, y prepararlo lleva años.
No se puede construir en cualquier sitio. Hace falta suelo “finalista”: urbanizado y con un plan aprobado que diga qué se puede levantar en él. Ese plan lo tramita cada ayuntamiento, y ahí empieza el atasco.
El Banco de España sitúa el origen del problema en la escasez de suelo finalista, la lentitud de los desarrollos urbanísticos y las limitaciones de la gestión urbanística, junto a la baja productividad del sector de la construcción.[1]
Un plan urbanístico puede anularse entero en los tribunales por un defecto formal subsanable, y hay que volver a empezar. El Gobierno envió a las Cortes en marzo de 2024 una reforma de la Ley del Suelo para evitarlo y la retiró antes de votarla, por falta de apoyos. El Congreso rechazó una nueva versión el 25 de febrero de 2025, con 126 votos a favor y 186 en contra. En septiembre de 2026 sigue sin aprobarse.[2][3][4]
Santander es el ejemplo. El Tribunal Supremo anuló su plan general entero en 2016 por un problema de abastecimiento de agua. La ciudad sigue funcionando con el plan de 1997 y no tendrá uno nuevo hasta 2029 o 2030.[5][6]
La licencia
El freno El permiso de obra tarda más de un año.
Con el suelo listo, hay que pedir al ayuntamiento la licencia de obra. Hasta que llega no se puede poner un ladrillo. El plazo legal para resolverla suele ser de tres meses. El real es otro.
Obtener una licencia de obra en España tarda habitualmente entre 15 y 18 meses.[7]
Lo reconoce una administración en su propia ley. El Gobierno de Canarias justifica así su decreto de agilización de licencias de abril de 2025: los plazos reales “superan con creces el plazo legal de 3 meses” y la demora “se prolonga, incluso, durante años”, sobre todo porque los ayuntamientos no tienen medios para emitir el informe técnico.[8]
Según los promotores, la licencia tarda entre 6 y 24 meses dependiendo del municipio, y una promoción completa, desde el planeamiento hasta la entrega de las llaves, puede llevar hasta 20 años. Son parte interesada, pero el orden de magnitud coincide con el de los aparejadores.[9]
Dos organismos del Estado lo confirman. La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas instó al Gobierno en diciembre de 2024 a agilizar los trámites de las licencias de obra y a reforzar los medios técnicos de los ayuntamientos. La CNMC, en junio de 2026, señala que la multiplicidad de controles administrativos retrasa las licencias y propone sustituir el silencio administrativo negativo por el positivo: si el ayuntamiento no contesta en plazo, la licencia se entiende concedida.[10][11]
El precio
El freno La ley fija un precio máximo al alquiler en cada vez más municipios.
Construida la vivienda, hay que sacarla al mercado. Desde 2023, en las zonas que las comunidades autónomas declaran “tensionadas”, el precio del alquiler no lo pone el mercado: lo limita la ley.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, permite declarar zonas de mercado residencial tensionado. En ellas, el alquiler de un contrato nuevo no puede superar el del contrato anterior, y la subida anual de las rentas queda limitada por un índice oficial.[12]
En septiembre de 2026 hay 317 municipios declarados zona tensionada, en cinco comunidades: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.[13]
Cataluña aplica el tope desde marzo de 2024. Dos años después, la oferta de alquiler permanente en Barcelona ha caído más de un 56 %, y el alquiler de temporada, que no estaba sujeto al tope, ha pasado de ser el 34 % de la oferta al 64 %.[14]
Lo que dijo Pedro Sánchez sobre Barcelona y Madrid en La Revuelta, comparado con los datos, lo revisamos en «Sánchez en La Revuelta: las manipulaciones sobre el problema de la vivienda».
La respuesta ha sido más regulación. Desde el 30 de enero de 2025, en Cataluña cada anuncio y cada contrato debe indicar el precio de referencia, y superar el tope en más de un 30 % es infracción muy grave. Desde el 1 de enero de 2026, el tope se aplica también a los alquileres de temporada y de habitaciones.[15][16]
El Banco de España advierte de que los topes, si se mantienen sin aumentar la oferta, reducen la inversión en vivienda, desplazan pisos hacia el alquiler turístico o de temporada o hacia la venta, y encarecen el segmento no regulado. Las viviendas que entran nuevas al alquiler ya se alquilan un 16,5 % por encima del precio medio del parque; en 2020 era un 6,2 %.[1]
El riesgo
El freno Si el inquilino no paga o alguien ocupa la vivienda, recuperarla depende de un juzgado.
Y aunque todo lo anterior salga bien, el propietario asume un riesgo que las reglas han ido ampliando: recuperar su vivienda puede tardar meses o años.
Desde la pandemia y hasta el 31 de diciembre de 2025, la ley suspendía el desahucio de los hogares vulnerables sin alternativa habitacional, con prórrogas año tras año. El Real Decreto-ley 2/2026 prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026; el Congreso lo derogó el 26 de febrero de 2026.[17][18]
En 2025 los juzgados practicaron 25.540 lanzamientos. 18.317, el 71,7 %, fueron por impago del alquiler.[19]
En 2025 se denunciaron 14.875 allanamientos y usurpaciones de inmuebles, frente a 16.426 en 2024. Cuatro de cada diez, en Cataluña.[20]
El 48 % de los propietarios afirma no alquilar por desconfianza hacia los inquilinos: miedo a impagos, destrozos u okupación. Un año antes era el 40 %.[21]
Entre los socios de Asval, una asociación de propietarios de vivienda en alquiler, uno de cada cuatro (el 24,58 %) tiene alguna vivienda okupada o en un pleito por impago; en 2025 era uno de cada cinco (el 19,92 %). Casi el 40 % ha contratado un seguro de impago.[22]
Cuatro frenos en la misma cadena. Y, mientras tanto, al otro lado del mercado la demanda no deja de crecer.
El aumento de la demanda
Al otro lado del mercado está la gente que necesita una casa. Y quien busca vivienda no es cada persona por separado, sino cada hogar: la pareja que se independiza, quien se muda a otra ciudad para trabajar o estudiar, la familia que se separa y pasa a necesitar dos casas donde antes bastaba una. Por eso la demanda de vivienda crece por dos vías a la vez: hay más población, y esa población se reparte en hogares cada vez más pequeños. Cada hogar nuevo necesita un techo propio.
- Más población
- Hogares más pequeños
- Más hogares cada año
Más gente buscando vivienda
España tenía 49.570.725 habitantes el 1 de enero de 2026, la cifra más alta de su historia: 442.428 personas más que un año antes.[23]
El número de hogares también está en máximos: 19.746.638 el 1 de enero de 2026, 226.279 más que un año antes. Son unos 620 hogares nuevos cada día, y cada uno de ellos necesita una vivienda.[23]
Y la tendencia continúa. Según las proyecciones del INE, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España ganará más de cuatro millones de habitantes en los próximos quince años, hasta los 53,8 millones en 2041.[24]
Los hogares crecerían aún más deprisa que la población, un 11,1 % frente a un 8,6 %, porque cada vez son más pequeños: de 2,49 personas por hogar en 2026 a 2,43 en 2041. En quince años habría casi 2,2 millones de hogares más, y los de una sola persona pasarían a ser los más frecuentes.[25]
Las consecuencias
Una vez comprobado que la demanda aumenta y la oferta disminuye, nos apoyaremos en la gráfica clásica de oferta y demanda para entender por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda. La gráfica representa, por un lado, la oferta: cuanto más alto es el precio, más propietarios están dispuestos a poner sus casas en alquiler, así que es una recta creciente. La demanda es justo lo contrario: cuanto más alto es el precio, menos hogares pueden permitirse una vivienda, así que es una recta decreciente. Donde las dos se cruzan está el equilibrio: el precio al que las casas que se ofrecen coinciden con las que se buscan.
Con esto entendido, puedes usar los controles de la gráfica para comprobarlo por ti mismo: reduce la oferta, aumenta la demanda y observa cómo sube el punto de equilibrio. Las dos cosas a la vez, que es lo que lleva años pasando en España, disparan el precio de la vivienda.
Alguien podría plantearse entonces una solución aparentemente fácil: fijar por ley un precio máximo a los propietarios. Pero lo único que provoca un tope por debajo del equilibrio es que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado, porque a ese precio ya no les compensa alquilar. La demanda pasa a ser mayor que la oferta, y eso tiene una consecuencia muy concreta: hay gente que ni siquiera puede acceder a una vivienda, por mucho que esté dispuesta a pagar el precio fijado. Activa el precio máximo en la gráfica y compruébalo tú mismo: te dirá cuántos hogares se quedan fuera.
Equilibrio: 1.400 €/mes y 350.000 viviendas alquiladas. Mueve la oferta o la demanda, o fija un precio máximo, para ver qué pasa.
La gráfica es un esquema, pero los datos reales cuentan la misma historia.
En 2025 se crearon en España unos 240.000 hogares nuevos, frente a 92.000 viviendas terminadas. Entre 2021 y 2025 el déficit acumulado asciende a cerca de 750.000 viviendas, el equivalente al 3,7 % de los hogares del país.[1]
El precio real de compra de la vivienda, descontada la inflación, subió un 9,7 % en 2025.[1]
El propio Ministerio de Vivienda reconoce que el parque de vivienda social de España ronda las 318.000 viviendas: un 1,72 % de los hogares del país. La media de la Unión Europea es del 8 %, y en Países Bajos llega al 29 %, en Austria al 24 %, en Dinamarca al 20 % y en Francia al 17 %. Por cada cien habitantes, la Unión Europea tiene 3,2 viviendas en alquiler social; España, 1,3.[26]
La solución del problema
La buena noticia es que el problema tiene solución, y no hay que inventar nada. Si la escasez la provocan las reglas, la salida es quitar los frenos uno a uno, en el mismo orden en que los hemos visto. Todas las medidas que siguen aparecen en los informes de los organismos que estudian el mercado, y varias ya se han probado con éxito fuera de España.
- Suelo: más, y más deprisa
- Licencia: semanas, no años
- Precio: libre, con ayuda directa a quien no llega
- Riesgo: justicia rápida y garantía pública
Más viviendas, y más baratas
El suelo
La solución Permitir construir más, y más deprisa, donde la gente quiere vivir.
Hace falta más suelo listo para edificar, y permiso para levantar más viviendas en el que ya existe: más altura, más densidad, más pisos por parcela. Y hace falta que un error de forma no pueda tumbar un plan urbanístico entero.
La reforma de la Ley del Suelo que impediría anular un plan completo por un defecto formal subsanable ya está escrita: el Gobierno la llevó a las Cortes en 2024, el Congreso rechazó una versión en febrero de 2025 y otra sigue bloqueada desde abril de 2026. No hay que diseñarla; hay que aprobarla.[2][3][4]
Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, lo hizo en 2016: recalificó de golpe cerca de tres cuartas partes de su suelo residencial para permitir viviendas más densas. En los cinco años siguientes se autorizaron unas 21.800 viviendas más de las que se habrían autorizado sin la reforma, el equivalente al 4 % de todo el parque de la región. Y seis años después, el alquiler de una vivienda de tres dormitorios era entre un 26 % y un 33 % más barato de lo que habría sido sin ella.[27][28]
La licencia
La solución Que el permiso llegue en semanas, no en años.
La fórmula ya existe y tiene nombre: la declaración responsable. El promotor presenta el proyecto firmado por un técnico, declara que cumple la normativa y empieza la obra; el ayuntamiento comprueba después y, si algo no cumple, la para y sanciona. Es el mismo mecanismo con el que hoy se abren muchos comercios o se hacen obras menores. Se trata de llevarlo a la vivienda.
La CNMC propone en su estudio de junio de 2026 agilizar las licencias, impulsar las declaraciones responsables y sustituir el silencio administrativo negativo por el positivo: si el ayuntamiento no contesta en plazo, la licencia se entiende concedida.[11]
Y donde el atasco es la falta de personal, hay dos salidas que ya están sobre la mesa: que colegios profesionales y entidades colaboradoras emitan los informes técnicos que el ayuntamiento no da abasto a redactar, como permite Canarias desde abril de 2025; y reforzar los medios técnicos de los ayuntamientos y digitalizar la tramitación, como pidió al Gobierno la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.[8][10]
El precio
La solución Dejar de topar el alquiler y ayudar directamente a quien no llega.
Un tope no crea ni una sola vivienda: reparte peor las que hay y espanta a las que podrían llegar. Lo que funciona es lo contrario, que alquilar compense, para que salgan al mercado los pisos que hoy están vacíos o en alquiler de temporada. Y a quien no llega al precio hay que ayudarle directamente, con dinero público o con vivienda social, en lugar de obligar a un particular a pagar esa ayuda de su bolsillo.
Argentina hizo el experimento. El 29 de diciembre de 2023 derogó por decreto su ley de alquileres, que limitaba cómo y cuánto podía subir la renta. En Buenos Aires la oferta de alquiler creció un 170 %, y en agosto de 2024 era 3,2 veces la de febrero de 2023. Los precios siguieron subiendo, pero muy por debajo de la inflación: un 45 % en un año, frente a una inflación del 94 %, según el portal Zonaprop. En términos reales, el alquiler se abarató. Conviene tomarlo con cautela, porque coincidió con una fuerte bajada de la inflación, pero la dirección es exactamente la que predice la gráfica.[29]
El riesgo
La solución Que recuperar una vivienda sea rápido y que el impago no lo pague el propietario.
Nadie pone su casa en alquiler si cree que puede perderla durante años. Hacen falta dos cosas: justicia rápida cuando alguien ocupa una vivienda o deja de pagar, y una red pública que cubra el impago para que el propietario no cargue con él.
El primer paso ya se ha dado. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 permite tramitar la ocupación de viviendas, el allanamiento de morada y la usurpación, por el procedimiento de juicio rápido, pensado para resolverse en unos 15 o 20 días. En la práctica, por la saturación de los juzgados y los recursos, está tardando entre tres y cuatro meses, y deja fuera al inquilino que deja de pagar, cuyo desahucio civil puede pasar de 20 meses. Es un avance, pero a medias.[30][31]
Para el impago, Francia tiene desde 2016 una garantía pública y gratuita, Visale: si el inquilino deja de pagar, el organismo Action Logement paga directamente al propietario y después acuerda con el inquilino cómo devolverlo. Ni el propietario ni el inquilino pagan nada por ella. Solo en 2025 permitió alquilar a 350.000 hogares, y a 1,9 millones desde su creación.[32][33]
El Banco de España apunta en la misma dirección: entre sus recomendaciones están los programas públicos de avales o de aseguramiento de las rentas del alquiler, para reducir el riesgo que percibe el propietario y que salgan más viviendas al mercado.[35]
Y quien no puede pagar, que lo atienda el Estado
Queda la última pieza, la que cierra lo que vimos en el apartado anterior. Quien de verdad no puede pagar una vivienda necesita que alguien le dé un techo, y ese alguien tiene que ser el Estado, no el vecino que alquila un piso. Para eso hace falta vivienda pública, y mucha más de la que hay.
Viena lleva un siglo haciéndolo. El Ayuntamiento es dueño de unas 220.000 viviendas, y hay más de 200.000 pisos de cooperativas construidos con ayuda pública: el 60 % de sus dos millones de habitantes vive en una vivienda subvencionada. Solo en 2025 invirtió unos mil millones de euros y levantó unas 5.500 viviendas nuevas. Ese año, un vienés dedicó de media el 37 % de su sueldo al alquiler; en Madrid o en Barcelona, el 74 %.[34]
Fuentes
Los datos del artículo salen de estas referencias. Cada [n] del texto enlaza con la suya.
- Banco de España. Informe Anual 2025 (18 de junio de 2026)Diagnóstico de las causas (suelo finalista, urbanismo, productividad); efectos de los topes al alquiler; sobreprecio de las viviendas que entran nuevas al alquiler (6,2 % en 2020, 16,5 % en 2024); hogares creados y viviendas terminadas en 2025; déficit acumulado 2021-2025; precios reales.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El Gobierno envía a las Cortes Generales el texto para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de 'dar seguridad jurídica' y 'evitar que los errores formales' paralicen los planes urbanísticos (26 de marzo de 2024)Objetivo de la reforma, que se retiró antes de votarse por falta de apoyos. Que los planes se anulan enteros por defectos formales subsanables lo reconoce el propio ministerio.
- Infobae. El Congreso rechaza la reforma de la ley del suelo pactada por el PSOE y el PNV (25 de febrero de 2025)Votación (126 a favor, 186 en contra, 34 abstenciones) y posición de cada grupo.
- Press Digital. Constructores y promotores piden en el Congreso desbloquear la reforma de la Ley del Suelo del PP (15 de septiembre de 2026)La reforma admitida a trámite en abril de 2026 sigue bloqueada en el Congreso.
- Consejo General del Poder Judicial. El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de Santander (15 de noviembre de 2016)Anulación completa del plan por no quedar acreditada la suficiencia de recursos hídricos tras anularse el bitrasvase.
- elDiario.es Cantabria. Santander no contará con nuevo Plan General de Ordenación Urbana en vigor hasta 2029 ó 2030 (30 de mayo de 2025)La ciudad sigue con el planeamiento de 1997 desde la anulación de 2016.
- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). España camina mientras Europa corre: más de un año de diferencia en la concesión de licencias de obra (30 de enero de 2026)Plazo habitual de concesión de licencias de obra en España, de 15 a 18 meses.
- Boletín Oficial del Estado. Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, del Gobierno de Canarias, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas (21 de abril de 2025)La exposición de motivos reconoce que los plazos reales de las licencias superan con creces el plazo legal de tres meses y se prolongan incluso durante años, por la demora del informe técnico municipal.
- idealista/news. Por qué faltan casas en España: se tarda hasta 20 años en construir una promoción (21 de mayo de 2025)Plazos por fases según los promotores (APCE y Asprima) y la consultora Colliers. Los promotores son parte interesada; se cita como testimonio del sector.
- Boletín Oficial del Estado. Resolución de 19 de diciembre de 2024, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, sobre el Informe de fiscalización del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (31 de marzo de 2025)Insta al Gobierno a agilizar los trámites de las licencias de obra, a reforzar los medios técnicos y personales de los ayuntamientos que emiten los informes y a digitalizar la tramitación.
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La CNMC propone reducir trabas urbanísticas para aumentar la oferta de vivienda (29 de junio de 2026)Estudio E/CNMC/001/25 sobre la transformación urbanística de suelo para vivienda. La multiplicidad de controles retrasa las licencias; propone declaraciones responsables y silencio administrativo positivo. El suelo puede suponer hasta el 45 % del precio final.
- Boletín Oficial del Estado. Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (25 de mayo de 2023)Declaración de zonas de mercado residencial tensionado, limitación del alquiler de los contratos nuevos en ellas e índice oficial para la actualización anual de las rentas.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Vivienda reforzará con 90 millones de euros a las comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado (2 de septiembre de 2026)317 municipios con zonas tensionadas en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
- idealista/news. Dos años de alquiler en zonas tensionadas en Cataluña: 'espantada' de la oferta y una demanda desbocada (16 de marzo de 2026)Evolución de la oferta de alquiler permanente y de temporada en Barcelona y otras ciudades catalanas desde marzo de 2024, con datos de idealista/data.
- Boletín Oficial del Estado. Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, de la Generalitat de Cataluña, de medidas urgentes en materia de contención de rentas (30 de enero de 2025)Obligación de indicar el precio de referencia en anuncios y contratos; régimen de infracciones (muy grave superar el precio máximo en más de un 30 %).
- Boletín Oficial del Estado. Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de la Generalitat de Cataluña, de medidas en materia de vivienda y urbanismo (1 de enero de 2026)Los alquileres de temporada y de habitaciones en zonas tensionadas quedan sujetos a los mismos límites de renta que el resto.
- Boletín Oficial del Estado. Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social (4 de febrero de 2026)Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde 2020 y prorrogada cada año hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Boletín Oficial del Estado. Resolución de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 2/2026 (28 de febrero de 2026)El Congreso deroga el real decreto-ley; la prórroga de la suspensión de desahucios queda sin efecto.
- Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias y los concursos registrados en los órganos judiciales crecieron en 2025 un 30 % respecto al año anterior (20 de marzo de 2026)Lanzamientos practicados en 2025 (25.540) y cuántos derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos (18.317, el 71,7 %).
- The Objective, con datos del Ministerio del Interior. Cataluña concentró el 40 % de las okupaciones de toda España durante 2025 (3 de agosto de 2026)Hechos conocidos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles en 2025 (14.875) y 2024 (16.426), del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
- Fotocasa Research. La mitad de los propietarios no confía en los inquilinos al alquilar (10 de septiembre de 2025)Informe "Experiencia en alquiler en 2025". Propietarios que no alquilan por desconfianza hacia los inquilinos (48 %, frente al 40 % del año anterior).
- idealista/news. Uno de cada cuatro propietarios de vivienda en alquiler está inmerso en un proceso judicial por okupación (10 de septiembre de 2026)Encuesta anual de Asval entre sus socios. Asval es una asociación de propietarios de vivienda en alquiler, es decir, parte interesada; se cita como indicio, no como estadística oficial.
- Instituto Nacional de Estadística. Estadística Continua de Población (ECP). 1 de enero de 2026. Datos provisionales (12 de febrero de 2026)Población residente a 1 de enero de 2026 (49.570.725, 442.428 más que un año antes) y hogares (19.746.638, 226.279 más que un año antes).
- Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de Población. Años 2026-2076 (17 de junio de 2026)Si se mantienen las tendencias actuales, España ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6 %) en quince años, hasta 53,8 millones en 2041.
- Instituto Nacional de Estadística. Proyección de Hogares. Años 2026-2041 (17 de junio de 2026)Los hogares pasarían de 19.759.349 en 2026 a 21.943.397 en 2041 (2.184.048 más, un 11,1 %); tamaño medio de 2,49 a 2,43 personas; los hogares unipersonales serían los más frecuentes.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Observatorio de Vivienda y Suelo). Boletín especial Vivienda Social 2024 (enero de 2025)Parque de vivienda social en España (unas 318.000 viviendas, el 1,72 % de los 18,5 millones de hogares) y comparación europea (media de la UE del 8 %; 3,2 viviendas en alquiler social por cada 100 habitantes frente a 1,3 en España).
- Ryan Greenaway-McGrevy y Peter C. B. Phillips, Journal of Urban Economics. The impact of upzoning on housing construction in Auckland (2023)Vol. 136, 103555. En 2016 Auckland recalificó cerca de tres cuartas partes de su suelo residencial; en los cinco años siguientes se autorizaron 21.808 viviendas adicionales, en torno al 4,11 % del parque de la región (autorizaciones, no viviendas terminadas).
- Ryan Greenaway-McGrevy, Economic Policy Centre, Universidad de Auckland. Can Zoning Reform Reduce Housing Costs? Evidence from Rents in Auckland (junio de 2023)Documento de trabajo n.º 016. Seis años después de la reforma, el alquiler de las viviendas de tres dormitorios era entre un 26 % y un 33 % menor que en el escenario sin reforma; en las de dos dormitorios, entre un 21 % y un 24 %, pero solo significativo en algunas especificaciones.
- idealista/news. Boom de oferta de alquiler en Buenos Aires tras derogarse el control de precios en Argentina (30 de septiembre de 2024)Derogación de la ley de alquileres por decreto el 29 de diciembre de 2023; oferta en Buenos Aires un 170 % mayor y 3,2 veces la de febrero de 2023 en agosto de 2024; subida del alquiler del 45 % interanual frente a una inflación del 94 %, según Zonaprop.
- Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (3 de enero de 2025)Incluye el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles en el procedimiento de juicio rápido, en vigor desde el 3 de abril de 2025.
- Cambra de la Propietat Urbana de Girona. ¿Los juicios rápidos contra los ocupantes de viviendas funcionan?Plazo teórico del juicio rápido (15 a 20 días) frente al real (3 a 4 meses) y exclusión de la «inquiokupación», que sigue la vía del desahucio civil. La cámara representa a propietarios: parte interesada.
- Action Logement. La garantie VisaleGarantía pública y gratuita para inquilino y propietario: si el inquilino no paga, Action Logement adelanta el alquiler al propietario y el inquilino le devuelve lo adelantado.
- Eurex. Garantie Visale 2026 : ce qui change pour locataires et bailleurs (2026)Visale existe desde 2016; 350.000 hogares accedieron al alquiler con ella en 2025 y 1,9 millones desde su lanzamiento.
- EFE, vía Yahoo Noticias. Viena, un modelo a seguir: seis de cada diez habitantes viven en viviendas sociales (17 de febrero de 2026)Unas 220.000 viviendas municipales y más de 200.000 de cooperativas subvencionadas; el 60 % de los vieneses vive en vivienda subvencionada; inversión de unos mil millones y unas 5.500 viviendas nuevas en 2025; esfuerzo medio del 37 % del sueldo en Viena frente al 74 % en Madrid o Barcelona.
- OCU, sobre el Informe Anual 2025 del Banco de España. Informe del Banco de España sobre viviendaRecomendaciones del Banco de España: «programas públicos de avales o aseguramiento de rentas del alquiler», movilizar vivienda vacía, ampliar el parque público y mejorar la productividad de la construcción.
Debate
Este espacio es para discutir el artículo, tanto si estás a favor como si no estás de acuerdo. El respeto es primordial para poder entenderse, por lo que no se permitirá la publicación de cualquier comentario ofensivo.
Cargando el debate…